Hablamos con Luis Morente Leal

  • ¿Qué elementos destacarías en relación a la situación actual de las confesiones minoritarias?¿Dónde encuentran las comunidades las mayores dificultades?

    En primer lugar, cabe hablar del todavía insuficiente conocimiento de la diversidad religiosa desde el momento mismo de confeccionarse las normas. En otros casos, no es ya desconocimiento sino desinterés, motivado tanto por prejuicios religiosos como antirreligiosos.

    Se podrían mencionar muchas cuestiones, pero quizá las más llamativas se producen por la falta de dotaciones urbanísticas para confesiones minoritarias (no solo centros de culto, sino también cementerios). Todavía son muchos los redactores de planes que no contemplan otra posibilidad que la de la confesión mayoritaria. Se deberían efectuar estudios de intensidad poblacional que definieran esas necesidades, incluso mancomunando municipios, de ser necesario. Por cierto, que la herramienta informática del Observatorio de la Fundación me parece utilísima en este sentido, y debe seguir desarrollándose.

    Tampoco se han habilitado medios normativos suficientes de protección de lugares de culto, que se ven afectados de forma indiscriminada por sistemas como la expropiación. No existe un necesario nivel de protección para las confesiones minoritarias.

    Otro problema es la inseguridad originada por la jurisprudencia constitucional, que, con afectar negativamente a todo el proceso urbanístico, ha posibilitado, al sustituír competencias estatales por autonómicas, una enorme dispersión normativa. Hay así, en lo relativo a las confesiones, comunidades autónomas más y menos concienciadas, con lo que el principio de igualdad ante la ley quiebra, al diferenciarse por autonomías. En cualquier caso, falta también en la normativa general un tratamiento mínimo del tema religioso.

    Hay otras limitaciones, como la equiparación de los centros de culto con las oficinas y despachos profesionales, cuando la ordenanza municipal impide que se instalen a partir de determinadas plantas. Ello, entre otras muchas cuestiones, por lo que no es posible dar una respuesta exhaustiva.
    Por otra parte cabría preguntarse si existen problemas en otro tipo de normativa que afecte a los centros de culto. Lo que nos encontramos es que a veces, se utilizan acciones previstas en la normativa arrendaticia o de propiedad horizontal, para desalojar centros de culto. Eso resultaría totalmente lícito si se produjeran actividades que alteraran la convivencia o los derechos de otros propietarios o usuarios de un inmueble. Pero es inadmisible que encubran casos de auténtica persecución religiosa. Hemos podido comprobar que tales acciones se ejercitan, en algunos casos, por parte de vecinos “bien pensantes”, que consideran un deber religioso expulsar al que piensa diferente, a la “secta”. Considero que tales acciones, producidas en fraude de ley, deberían estar tipificadas penalmente de foma específica.

  • ¿Como valoras la disposición decimoséptima incluida en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local relativa a la apertura de lugares de culto?

    Felizmente, responde a una reivindicación recurrente de las confesiones minoritarias, para que los necesarios controles administrativos relativos a la apertura de centros de cualquier tipo, no se conviertan en una traba de mayor intensidad para las confesiones. Con ello, no se van a eliminar totalmente el exceso de condicionantes, pero pueden agilizarse, especialmente si se conciencia a las administraciones municipales de que un mecanismo como la actuación comunicada debería seguirse, por su naturaleza, de un proceso administrativo lo más simplificado posible. No se trata de eliminar las licencias totalmente, pero si de darles una tramitación más sencilla (y preferiblemente más económica).

  • ¿Qué propuestas concretas harías para mejorar la normativa urbanística en relación a los lugares de culto?

    Por remisión a las anteriores respuestas, en primer lugar los planes generales deberían contemplar la realidad sociológica de la existencia de diferentes confesiones, e incluír la previsión de dotaciones públicas al efecto. Dicho esto (y aunque parezca utópico), habría que tener en cuenta las diferencias económicas entre las diferentes confesiones. Hay una confesión con asignación tributaria, otras con subvenciones públicas, y otras… nada. Si el acceso al suelo dotacional es económicamente inasumible, se estará ahogando a las confesiones con menos medios. Hay formas de actuar para ello, y los legisladores lo saben. Otra cosa es que haya voluntad política.

    Hay que desarrollar mecanismos de protección contra las expropiaciones de propiedades de confesiones minoritarias, tal como ocurre en otros casos.

    Es necesario avanzar en la agilización de las licencias y permisos, aunque ya se estén dando pasos. También sería útil crear un protocolo normativo específico para confesiones, eliminando el sistema de niveles de desigualdad existente. Es preciso tener en cuenta que en muchos centros se llevan a cabo diversas actividades conexas con la práctica religiosa. Se aloja temporal o establemente a personas, se dan comidas, se venden objetos varios, se imparten cursos… Ello no debería servir de excusa a las actuaciones impropias de algunas administraciones para exigir un sinnúmero de legalizaciones que son realmente innecesarias.

    Sería muy amplio exponer un catálogo mínimo de necesidades, pero cabe resumirlo en lo siguiente: tanto la normativa urbanística como el resto del ordenamiento, debería tender a tres fines, en cuanto a la práctica religiosa: posibilitarla, protegerla y equipararla.

    Cuando esto ocurra, podremos hablar de libertad religiosa.