La constatación del hecho de que las religiones no sólo no han desaparecido, sino que han llegado a adquirir una relevancia tal que conforman uno de los elementos más importantes para comprender la realidad del siglo XXI, es una idea en torno a la cual puede afirmarse que existe en la actualidad cierto grado de consenso. La modernidad no condujo entonces, como sostuvo la teoría de la secularización, al ocaso de las religiones, sino, de una manera más o menos inexorable, a la diversidad religiosa. En esta línea, «frente a quienes entienden que la modernidad supone necesariamente un deterioro progresivo del ámbito de lo sagrado, lo que caracteriza precisamente a nuestro mundo contemporáneo es la pluralidad de sacralidades, la fragmentación, que no la desaparición, de lo sagrado» (Moreno, 1998: 170) o, en todo caso, una persistencia de «relación a lo sagrado bajo formas nuevas que han entrañado un proceso de recomposición-descomposición» (Briones, 2002: 295).
Sin embargo, la teoría de la secularización y sus ideas asociadas como la privatización de la religión o la pérdida de peso de las religiones, han contribuido -junto a las propias características de los procesos migratorios- al retraso de actores políticos e investigadores en la incorporación de la cuestión religiosa en los diseños de gobernanza de las sociedades europeas (Rath et al, 2001; Levitt y Jadorowski, 2007). El hecho de que la religión haya trascendido de forma tan relevante en la esfera pública de las sociedades contemporáneas europeas, la ha convertido en un útil mecanismo identitario que permite a los poderes públicos hacer frente a ciertas experiencias de marginación, aculturación y desarraigo, vinculadas no siempre a los flujos migratorios, sino a la existencia de comunidades étnicas y/o religiosas, conformadas por nacionales de pleno derecho. En este sentido, puede hablarse de un «cambio de rumbo» en las estrategias de gestión de la diversidad religiosa. Durante un primer período primitivo éstas se circunscribieron en algunos Estados europeos a mantener al islam fuera de la esfera pública y de la diplomacia internacional para gestionar la religión de los inmigrantes y acabaron suponiendo «un fracaso [en los últimos tiempos] los gobiernos [que] ha[n] decidido asumir […] una postura activa en los asuntos de la religión y el Estado» (Laurence, 2006: 265).
En estos procesos de implementación legal, política y cultural de la gestión de la diversidad religiosa, el espacio local se presenta como el entorno clave. «El ámbito local es identificado en toda Europa como el contexto donde la necesidad de repensar nuevos modelos de alojamiento es más visible y acuciante» debido a que las autoridades locales son los interlocutores políticos más cercanos a las comunidades religiosas, recibiendo en primer lugar las demandas y reivindicaciones de las minorías religiosas. Además, es el ámbito del municipio donde, en primer lugar, «emergen y se producen las controversias y/o los conflictos relacionados con la diversidad religiosa, otorgando a las administraciones locales un papel destacado en la construcción de la cohesión social y en el fomento de una buena convivencia»; también es dónde «principios generales como la laicidad, la aconfesionalidad o la libertad religiosa, han de ser traducidos en acciones políticas concretas, coherentes y útiles» (Griera, 2011: 14).
Es precisamente en dicho punto donde radica el interés de esta investigación. Con una orientación claramente práctica, el texto profundiza «en el análisis de los retos y las estrategias de las administraciones locales europeas en relación con la diversidad religiosa, con la voluntad de aportar nuevas herramientas de reflexión en torno a esta área muy poco explorada» (Griera, 2011: 13). Para ello, la investigación de María del Mar Griera da cuenta de cuáles son las problemáticas principales que surgen en toda Europa en el terreno de la diversidad religiosa; y analiza los «grandes dilemas de la gestión de la diversidad», es decir, aquellas cuestiones controvertidas que emergen de la experiencia concreta de la gestión de la diversidad religiosa y que son abordadas de las formas más diversas en el contexto europeo. Estos dilemas pueden agruparse en las siguientes seis categorías: 1. ¿Qué y quiénes son los grupos religiosos? 2. ¿Quiénes representan a los grupos religiosos y a quiénes representan los representantes? 3. ¿Cuáles son las demandas legítimas (y cuáles no) de las comunidades religiosas? 4. ¿A través de qué mecanismos se ha de dar respuesta a las demandas de las minorías? 5. ¿Cuál es el papel de los órganos gubernamentales en la promoción del buen entendimiento entre religiones o de una buena imagen de las religiones en la sociedad? 6. ¿Cómo acomodar la diversidad?
El escenario al que está dirigida la aplicabilidad de este trabajo es el catalán, si bien, Cataluña comparte con muchas otras regiones europeas una creciente diversificación religiosa y, por ende, nuevos retos a los que hacer frente por parte de los diversos gobiernos, las confesiones religiosas y la ciudadanía en general, lo que convierte a este texto en una completa herramienta también para gestores públicos e investigadores de regiones españolas y europeas distintas a la catalana. Estos puntos de encuentro con otras ciudades europeas se traducen en interrelaciones Iglesia-Estado-ciudadanía, marcadas en ocasiones por la controversia, o como denomina su autora, por «problemas similares».
Sin embargo, la misma homogeneidad que encontramos en los retos a los que hacer frente, no está presente en lo relativo a sus respuestas, dependientes en mayor medida de elementos estructurales como los propios sistemas constitucionales o los diferentes tipos de relación Iglesia-Estado. Bajo esta perspectiva, en países de tradición católica como Irlanda o Francia, la separación entre las instituciones religiosas y el poder político es más marcada. En cambio, en países de tradición protestante como Reino Unido, Dinamarca o Finlandia, las iglesias tradicionales gozan de un estatus más privilegiado (Forteza, 2005). Tradicionalmente los modelos de relación Iglesia-Estado se han categorizado en función del régimen constitucional que regula la relación entre la Iglesia y el Estado (de separación estricta entre Iglesia y Estado -Francia o Irlanda-, de cooperación selectiva, con las organizaciones reconocidas -España, Italia o Bélgica- y el de aquellos países que tienen un modelo de Iglesia «nacional», que es reconocida como parte del establishment -Reino Unido, Grecia y los países nórdicos-). Sin embargo, puede afirmase que se trata ya de una «clasificación cultural y legamente obsoleta» (Ferrari, 2002: 6), al asimilar modelos que aparte del régimen constitucional poco tienen en común, por las dificultades de consensuar qué se entiende por cooperación selectiva y porque más allá de los mecanismos constitucionales que regulan la relación Iglesia-Estado hay muchos otros elementos que entran en juego a la hora de gestionar la diversidad religiosa (financiación como una vía de control o regulación, constitución preceptiva de estructuras de representación vertical, legitimación de determinados grupos, etc.).
Por ello, los sistemas europeos de relación Iglesia-Estado se encuentran hoy día en proceso de reconfiguración y readaptación. Por un lado, el hecho de que las iglesias tradicionales pierdan relevancia en las sociedades europeas obliga a reestructurar el peso que el Estado otorga a las confesiones históricas. Por otro, el crecimiento de la diversidad religiosa implica y obliga a los estados a buscar mecanismos para favorecer el reconocimiento y facilitar la gestión pública de las otras religiones. Finalmente, la creciente relevancia de la diversidad religiosa europea favorece un proceso de convergencia entre los diferentes sistemas europeos.
En este trabajo Griera explora de qué manera diversos gobiernos locales europeos se enfrentan a estos retos, se acerca a los principales obstáculos y trata de dirimir qué respuestas se ofrecen en la palestra de lo público, para así «seguir pensando y repensando las políticas catalanas relacionadas con la diversidad religiosa» (Griera, 2011: 18). En este empeño se muestran los procesos de gestión local de la diversidad religiosa en cinco ciudades europeas, que cuenten lo que la autora considera que son «mecanismos innovadores de gestión de la diversidad» y que han introducido estrategias participativas que incluyen a las minorías religiosas como actores relevantes en los procesos de gobernanza urbana:
Amsterdam (Holanda), una de las ciudades cultural y religiosamente más diversas de Europa (cuyo 13% de la población es musulmana), en un contexto constitucional de separación total entre Iglesia y Estado, en la que mayoría de las iniciativas se han realizado en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y con las propias minorías religiosas.
Birmingham (Reino Unido), cuyas comunidades étnicas no están compuestas mayoritariamente por migrantes recién llegados, sino por ciudadanos que a partir de su identidad británica, también reclaman una identidad étnica o religiosa en igualdad de derechos que sus compatriotas anglicanos. Algo de especial relevancia si tenemos en cuenta que el Reino Unido, como Grecia o los países nórdicos, cuenta con un modelo de Iglesia «nacional», que es reconocida como parte del establishment. Fruto de estos procesos de reivindicación identitaria se crearía en 1974, en el seno de la sociedad civil, el Birmingham Council of Faiths. El gobierno local, por su parte, ha ido implementando las políticas públicas a través de los programas Religion & Belief Scheme, Faith Link Officer y Be Birmingham.
Marsella (Francia), de mayoría tradicionalmente católica, cuenta con la organización Marsella-Espérance encargada de fomentar una convivencia lo más armoniosa posible entre las confesiones religiosas y de generar nuevas fórmulas de normalización de esta diversidad, cuyo carácter privado va en consonancia con el clásico régimen galo de separación estricta entre Iglesia y Estado.
Turín (Italia), presenta entre este elenco de ciudades los porcentajes más bajos de diversidad religiosa visibilizada, alcanzando un tímido 5% los creyentes no católicos. El influjo de la presencia del Estado soberano del Vaticano en el territorio italiano se hace patente también en esta ciudad del nordeste en la región del Piamonte.
Bruselas (Bélgica) está inserta como Turín o cualquier otra ciudad de España, en un régimen de cooperación selectiva con las organizaciones reconocidas. El Estado belga se declara neutro en materia religiosa, pero no laico, y se estima que en este contexto existen unos 450.000 musulmanes, unos 132.000 protestantes, y cerca de 4.800.000 católicos. La impronta del islam en Bélgica, y más concretamente en Bruselas, planteó, como en muchas otras ciudades europeas, la necesidad e gestionar la diversidad religiosa. Para ello se remitieron a la experiencia marsellesa, creando una entidad privada, pero impulsada desde los estratos gubernamentales del municipio: la plataforma Bruxelles-Espérance.
Desde una perspectiva comparada, conocer las experiencias de gestión de otras ciudades puede contribuir a generar sinergias entre unas y otras y a favorecer la reflexión crítica sobre los retos y las dificultades de la gestión de la diversidad religiosa en la Europa contemporánea, pues son las autoridades locales las que, en último término, tienen que afrontar la necesidad de dar respuesta a las demandas de las comunidades religiosas -las cuales también es en el escenario local donde inicialmente plantean sus reivindicaciones. Así, es en el ámbito municipal donde los «grandes principios» sobre el papel de la religión en la sociedad se han de traducir en acciones políticas concretas y exitosas (Griera, 2011: 47).
