Culto a los difuntos y libertad religiosa. Luces y sombras en el ordenamiento y en la práctica en Italia

Cuestiones de pluralismo, Volumen 3, Número 2 (2º Semestre 2023)
30 de Diciembre de 2023
DOI: https://doi.org/10.58428/KYMF1073

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Por Anna Gianfreda

El enfoque pragmático que guía la actuación de la Administración pública en la selección de los interlocutores confesionales no está exento de aspectos críticos sobre los criterios que definen el acceso a los lugares de enterramiento en los recintos religiosos y el derecho individual a disfrutar de ellos en función de una pertenencia más o menos constatada a la comunidad.


 

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El culto a los difuntos es uno de los "aspectos prácticos de la libertad religiosa" de mayor impacto en las sociedades civiles contemporáneas. En efecto, en la experiencia de la muerte y en la celebración de los ritos que la siguen, hay ciertos tiempos y momentos en los que las personas se enfrentan a preguntas sobre el sentido último de la vida que, independientemente de las respuestas que se den, atañen profundamente a la religiosidad del ser humano. Como expresiones de la religiosidad humana, como aspecto de la identidad y de la personalidad individual y de la pertenencia colectiva, por tanto, la muerte, la sepultura, la veneración y el recuerdo de los difuntos en los actos de culto y en los lugares de enterramiento conciernen al ámbito de la libertad religiosa, que en la Constitución italiana está protegida, en todos sus aspectos, por las disposiciones combinadas de los artículos 2, 3, 8 y 19, y se convierten en su dimensión práctica y cotidiana en objeto de un interés individual y colectivo religiosamente cualificado.

La no siempre orgánica normativa civil, y la, con frecuencia, difícil "integración" con la(s) religiosa(s), dan lugar a un corpus legislativo heterogéneo y complejo, pero rico en elementos de reflexión sobre las formas en que los órdenes civil y religioso deben confrontarse para resolver los problemas relacionados con los "aspectos prácticos de la libertad religiosa" en las sociedades multiculturales y multirreligiosas. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta integración? ¿Cuáles son, por el contrario, las cuestiones problemáticas que deben mejorarse, especialmente en la aplicación práctica de las normas civiles y religiosas en la materia?

Culto a los difuntos, cementerios y pluralismo religioso. Las fuentes "centrales" en el ordenamiento jurídico italiano

Desde la perspectiva jurídico-estatutaria, la libertad de culto a los difuntos, como expresión de la libertad religiosa individual y colectiva, encuentra fundamento constitucional en el artículo 19 de la Constitución para todos los individuos, pero se "refuerza" para los ciudadanos-creyentes pertenecientes a determinadas confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica, ya que a ella se refieren los pactos contenidos en los Entendimientos al amparo del artículo 8, apartado 3, de la Constitución, que examinan la cuestión de la observancia de los ritos funerarios, bajo un doble perfil.

El primero se sustancia en las garantías de observancia de las prácticas funerarias de los ciudadanos-fieles, en circunstancias de "reducida capacidad" de acción o movimiento, como sucede en algunas "instituciones cerradas": son los casos de las normas contenidas en los Acuerdos con confesiones religiosas distintas de la Iglesia católica que, con expresiones muy similares, prevén la regulación de los entierros y ritos funerarios de los ciudadanos-fieles en servicio en las fuerzas armadas. Para todos ellos, véase el art. 8, párrafo 4, de la Ley por la que se aprueba el Acuerdo con las Comunidades judías italianas: "[...] En caso de fallecimiento de militares judíos en servicio, el mando militar informará a la Comunidad competente, para que, de acuerdo con los familiares del fallecido, las exequias se realicen según el rito judío" y en el mismo sentido, el art. 4, párrafo 3, de la Ley por la que se aprueba el acuerdo con la Santa Archidiócesis Ortodoxa de Italia y el Exarcado para el Sur de Europa: "[...] En caso de fallecimiento en acto de servicio de militares ortodoxos pertenecientes a la Archidiócesis, el mando militar competente adoptará, de acuerdo con los familiares del fallecido, las medidas necesarias para que las exequias sean oficiadas por los ministros de culto de la Archidiócesis".

El segundo perfil reconoce la autonomía confesional en el ámbito funerario, en las normas pacticias que contemplan la observancia de sistemas específicos de enterramientos religiosos y el tratamiento de los cadáveres y espacios cementeriales adecuados para ellos, en cumplimiento de las prescripciones religiosas. Uno de los ejemplos es el artículo 25 de la Ley por la que se aprueba el Convenio con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: "[...] Los enterramientos en los cementerios de la "Iglesia" y en los pabellones especiales de los cementerios municipales serán perpetuos de acuerdo con los ritos y la tradición de la propia "Iglesia"". Para ello, las concesiones de espacios en los cementerios, según el Reglamento de la Policía Mortuoria italiana, "se renuevan cada 99 años". La inhumación en los pabellones de la "Iglesia" se lleva a cabo de acuerdo con las normas dictadas por la propia "Iglesia", en cumplimiento de la normativa italiana pertinente. En los cementerios "eclesiásticos" se garantiza la observancia de los ritos y ceremonias de la "Iglesia"".

Véase también el Acuerdo judío y el Acuerdo celebrado con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que contienen disposiciones sobre la previsión en los planes de cementerios, a petición de la "comunidad con jurisdicción territorial" (judíos) y de la "Iglesia" (mormones), de pabellones especiales para el enterramiento de los difuntos pertenecientes a estas confesiones religiosas.

Dado que en Italia las concesiones de espacios de cementerio son siempre a plazo fijo y no pueden existir enterramientos perpetuos, el instrumento jurídico administrativo con el que se garantiza una especie de perpetuidad de los enterramientos es el de la concesión a la comunidad religiosa de referencia de una zona de cementerio por una duración de noventa y nueve años renovables (artículo 92 del Decreto Presidencial 285/1990).

Del mismo modo, en los recientes Acuerdos con la Santa Archidiócesis Ortodoxa de Italia y el Exarcado para Europa Meridional, la Unión Budista Italiana, la Unión Hinduista Italiana y el Instituto Budista Soka Gakkai Italiano, se contempla la posibilidad de habilitar "zonas reservadas en el sentido de la normativa vigente".

Por otra parte, el legislador italiano ya había previsto en el artículo 100 del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria (Decreto Presidencial nº 285 de 1990) que "Los planes de cementerios [...] podrán prever zonas especiales y separadas para la inhumación de cadáveres de personas que profesen un culto distinto del católico. [...]".

De este modo, incluso las comunidades de fieles pertenecientes a confesiones religiosas que no tengan un acuerdo con el Estado pueden solicitar al legislador regional, cuando dicte la ley de policía mortuoria, pero sobre todo a las autoridades locales, cuando redacten y aprueben el plan director de cementerios y/o el reglamento municipal de policía mortuoria, que tengan en cuenta el interés religiosamente cualificado de las comunidades religiosas distintas de la católica de disponer de espacios reservados en los cementerios.

Cementerios y pluralismo religioso. Intereses religiosos y fuentes "descentralizadas”

Las fuentes de las autoridades locales son de gran importancia y dan una buena idea de los aspectos críticos y positivos de la aplicación efectiva del derecho a la libertad religiosa en el territorio.

El Reglamento Nacional de Policía Mortuoria identifica a los municipios como las principales entidades institucionales que pueden disponer la creación de departamentos especiales de cementerios, hasta el punto de que ésta parece ser la forma ordinaria en que, a través de sus reglamentos, los municipios gestionan las solicitudes religiosas relativas al enterramiento de difuntos pertenecientes a confesiones distintas de la católica.

Por otro lado, la legislación regional, de hecho, con la intención, no siempre acertada, de armonizar las disposiciones municipales, se limita a contener prescripciones estrictas que se refieren a la posibilidad de que los municipios habiliten zonas para enterramientos privados que se otorgarán en concesión a personas o entidades, también los entes morales. Sólo en unos pocos casos se pueden encontrar en las fuentes regionales disposiciones que tomen en consideración de forma más explícita los enterramientos confesionales. Es el caso de la Ley Regional de las Marcas nº 3 de 2005, cuyo artículo 9 establece que "la Región, de acuerdo con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI), definirá con el Reglamento Regional [...] b) las características de los cementerios, los nichos de inhumación, los cementerios privados, las instalaciones de los cementerios y las instalaciones de cremación, teniendo en cuenta las diferentes creencias culturales y religiosas de los difuntos;".

A nivel local, de hecho, la previsión explícita de pabellones especiales destinados a enterramientos religiosos se contempla con bastante frecuencia tanto en fuentes unilaterales, como los planes reguladores y reglamentos municipales, como en fuentes bilaterales, como convenios, memorandos de entendimiento, acuerdos, entre las administraciones municipales y las comunidades religiosas presentes en el territorio.

El primer tipo de intervenciones, de carácter unilateral, puede incluir todas aquellas normas que repitan el contenido del artículo 100 del Decreto Presidencial 285 de 1990.

Por lo tanto, va desde un perfil mínimo, por así decirlo, sin ninguna especificación de los tipos de enterramientos religiosos, como es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Padua -cuyo Reglamento de Servicios del Cementerio de 2011, en su versión modificada, se limita a establecer que "En el Cementerio Maggiore existen pabellones funerarios y osarios destinados a recibir los restos mortales de personas pertenecientes a determinadas comunidades o categorías. Estos pabellones son: [...] la sección religiosa; la sección reservada a los cultos distintos del católico. [...]", y añade que "La admisión en el pabellón religioso y en el osario es autorizada por la Curia Episcopal" (art. 16)-, a un planteamiento más detallado, que enumera los tipos de enterramientos religiosos admitidos en los pabellones especiales, dictando a veces también las normas para los mismos, que en algunos casos introducen mecanismos de reenvío a normas confesionales a través de la referencia al art. 8 de la Constitución, hasta un planteamiento decididamente más detallado.

En estos últimos casos, la normativa municipal contempla tanto la posibilidad genérica de establecer pabellones religiosos especiales en los cementerios locales como normas específicas para los ya existentes. Piénsese, por ejemplo, en el Reglamento de Policía Mortuoria Municipal de Módena de 2002, que, además de referirse a la posibilidad genérica de crear pabellones especiales, identifica expresamente los tipos de enterramientos religiosos. De hecho, el artículo 7 (Pabellones especiales en los cementerios) va seguido de dos normas específicas, una, el artículo 8, para los enterramientos en cementerios musulmanes, y otra, el artículo 9, para los realizados en cementerios israelíes. Este texto, además, detalla la disciplina de las concesiones a las comunidades religiosas de pabellones especiales, recordando la posibilidad, sancionada por la Circular Ministerial de Sanidad 10/98, de la inhumación del cadáver envuelto únicamente en una sábana de algodón, manteniendo la obligación de utilizar un ataúd de madera o de zinc y madera para el transporte funerario.

Otro enfoque más particular lo representan aquellas disposiciones municipales que remiten tanto la identificación de los titulares "confesionales" de las concesiones de los pabellones especiales como el contenido de su regulación a acuerdos especiales. Esta es la opción adoptada por el Ayuntamiento de Milán en 2015, que en su Reglamento de Policía Mortuoria se limita a establecer que "En cumplimiento del plan de cementerios, previa estipulación de un acuerdo con la administración municipal, también se podrán prever pabellones especiales para el enterramiento de: [...] pertenecientes a diferentes comunidades étnicas y religiosas; [...] (art. 11) y que 'Los cementerios permiten, por regla general, los siguientes tipos de inhumación: [...] inhumación de difuntos pertenecientes a diferentes comunidades étnicas y religiosas, a las que se refiere el artículo anterior, durante el período establecido en los acuerdos específicos; [...] (art. 13)'.

Existen, por tanto, una serie de fuentes locales de carácter bilateral/convencional, tales como Convenios, Acuerdos, Memorandos de Entendimiento, que definen tanto las modalidades, contenidos y límites de la concesión de espacios en los cementerios municipales para enterramientos religiosos privados, como los sujetos confesionales interlocutores de las autoridades locales.

Estas disposiciones contienen normas que van desde los criterios de identificación de los campos destinados a inhumaciones confesionales, a las disposiciones sobre la duración de los acuerdos, sobre la gratuidad o no de los mismos, la remisión a las normas de derecho civil en materia de concesiones, hasta normas más estrictamente de gestión que se refieren también al reparto de responsabilidades entre las autoridades civiles y religiosas en los distintos tipos de actividades que insisten en la sección especial, como las relativas a la explotación de los cementerios, el mantenimiento de los campos de inhumación, la construcción de artefactos, la colocación de lápidas funerarias, etc.

Más allá de los contenidos, parcialmente variables en cada acto bilateral, el aspecto interesante está representado por los mecanismos de identificación previa de los interlocutores confesionales con los que la autoridad local determina alcanzar el acuerdo y, en consecuencia, las normas de acceso a los cementerios sobre una base confesional. De hecho, cabe señalar que, en muchos casos, las relaciones de colaboración con las comunidades religiosas minoritarias presentes en el territorio se han establecido con confesiones que no tienen un acuerdo con el Estado italiano, simplemente por el criterio existencial de la insistencia en un territorio determinado de una comunidad de fieles, con un sujeto identificado como representante de la satisfacción de las necesidades religiosas de los miembros de la comunidad religiosa local.

Luces y sombras de la aplicación práctica de la libertad religiosa en materia de cementerios

El enfoque pragmático que guía, con intenciones indudablemente meritorias, la actuación de la Administración pública en la selección de los interlocutores confesionales en el territorio, no está exento de aspectos críticos sobre los criterios -fijados en las medidas unilaterales o bilaterales de los municipios- que definen el acceso a los lugares de enterramiento en los recintos religiosos y el derecho individual a disfrutar de ellos en función de una pertenencia más o menos constatada a la comunidad. 

Algunas normas municipales, de hecho, parecen dar lugar a una especie de automatismo según el cual, a falta de indicación en contrario por parte del fallecido o de sus herederos, correspondería al alcalde, al expedir la licencia de enterramiento, averiguar la adscripción religiosa del fallecido y adscribirlo al cementerio común o a la sección especial que pudiera existir, sin obligación de informar de esta decisión a los herederos o a la comunidad confesional.

De tenor diferente son las disposiciones reglamentarias o convencionales que prevén la participación de la "comunidad religiosa competente" en los procedimientos para el destino de los restos mortales en pabellones especiales. En algunos casos, de hecho, se establece explícitamente que "no se permite la inhumación sin el dictamen de la comunidad competente" o sin la "autorización formal de los respectivos ministros de culto" o que se requiere una "solicitud por escrito" de la comunidad confesional firmante del acuerdo. En otros, como el Reglamento municipal de Turín, se indica que "la pertenencia a una comunidad extranjera, o a un culto distinto del católico, o similar, para la admisión en los pabellones especiales es atestiguada por el representante pro-tempore de la comunidad correspondiente, cuyo nombre se comunica al Ayuntamiento o al organismo gestor en caso de variación".

Las normas de este tipo facilitan la gestión concreta de los enterramientos en cuestión, pero también conllevan problemas críticos de interpretación y aplicación que han dado lugar a disputas intraconfesionales que incluso han desembocado en los tribunales.

Entre los aspectos positivos se encuentra sin duda la metodología participativa con la que a menudo se gestionan los pabellones especiales de los cementerios, que reconoce a la comunidad (religiosa) competente un espacio de autonomía en la elección del lugar de enterramiento, así como en la regulación de las modalidades de acceso al mismo. Estos instrumentos tienen el potencial de iniciar procedimientos de "consulta", que dan lugar a actos de diversa índole (solicitud, dictamen, consentimiento, atestación de pertenencia o autorización), que contribuyen a mantener activo y constante el canal de comunicación entre la comunidad religiosa interesada y el municipio, y a establecer una relación entre la autoridad local y la comunidad religiosa.

Existen, sin embargo, algunas cuestiones críticas que se refieren, por ejemplo, a la discrecionalidad con la que las administraciones municipales pueden decidir si conceden o no pabellones especiales en sus cementerios a las comunidades religiosas locales, aspecto que se traduce en una potencial violación del derecho individual a la libertad religiosa y en una aplicación "desigual" del mismo.

Otro aspecto problemático se refiere a la identificación por parte de la administración pública de la comunidad religiosa "efectivamente" competente y a la selección de la persona dentro de esa comunidad que pueda ser reconocida como responsable de la elección y verificación de la admisión de cadáveres en pabellones especiales, especialmente en los casos de fragmentación de algunas comunidades confesionales.

Cómo citar este artículo

Gianfreda, Anna, "Culto a los difuntos y libertad religiosa. Luces y sombras en el ordenamiento y en la práctica en Italia", Cuestiones de Pluralismo, Vol. 3, nº2 (segundo semestre de 2023). https://doi.org/10.58428/KYMF1073

Para profundizar

CULTO DEI DEFUNTI E LIBERTÀ RELIGIOSA. LUCI E OMBRE NELL'ORDINAMENTO E NELLA PRASSI IN ITALIA


L’approccio pragmatico che guida l’azione della pubblica amministrazione nella selezione degli interlocutori confessionali sul territorio, non va esente da aspetti di criticità sui criteri che definiscono gli accessi alle sepolture nei reparti religiosi e il diritto individuale a goderne sulla base di una più o meno accertata appartenenza alla comunità.


Il culto dei defunti è uno degli “aspetti pratici della libertà religiosa” di grande impatto nelle società civili contemporanee.

Infatti, nell’esperienza della morte e nella celebrazione dei riti che ne conseguono, si ravvisano alcuni tempi e momenti nei quali l’uomo si trova dinanzi a domande sul senso ultimo della vita che, indipendentemente dalle risposte date, attengono profondamente alla religiosità dell’essere umano. In quanto espressioni della religiosità umana, quale aspetto dell’identità e della personalità individuale e dell’appartenenza collettiva, dunque, la morte, la sepoltura, la venerazione e la memoria dei defunti negli atti di culto e nei luoghi di sepoltura riguardano la sfera di libertà religiosa che nella Costituzione italiana risulta tutelata, in tutti i suoi risvolti, dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 8 e 19, e divengono nella loro dimensione pratica e quotidiana oggetto di interesse individuale e collettivo religiosamente qualificato.

La non sempre organica normazione civile e la spesso difficile “integrazione” con quella/e religiosa/e danno vita ad un corpus normativo eterogeneo e complesso, ma ricco di spunti di riflessione sulle modalità con le quali gli ordinamenti civili e quelli religiosi devono confrontarsi nella soluzione dei problemi legati agli “aspetti pratici della libertà religiosa” nelle società multiculturali e multireligiose. Quali sono i punti di forza di questa integrazione? Quali invece le questioni problematiche che vanno migliorate soprattutto nell’applicazione pratica delle regole civili e religiose in materia?

 

Culto dei defunti, cimiteri e pluralismo religioso. Le fonti “centrali” nell’ordinamento italiano

Dalla prospettiva giuridico-statuale, la libertà del culto dei defunti come estrinsecazione della libertà religiosa individuale e collettiva, trova fondamento costituzionale nell’art. 19 Cost. per tutti gli individui, ma diviene “rinforzato” per i cittadini-fedeli appartenenti ad alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica, poiché esso è richiamato nelle norme pattizie contenute nelle Intese ex art. 8 comma 3 Cost., che prendono in esame il tema dell’osservanza dei riti funebri, sotto un duplice profilo.

Il primo si sostanzia nelle garanzie di osservanza delle pratiche cultuali funebri del cittadino-fedele, in circostanze di “ridotta capacità” di azione o movimento, come avviene in alcune “istituzioni chiuse”: sono i casi delle norme contenute nelle Intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica che, con espressioni tra loro molto simili, contemplano la disciplina delle sepolture e dei riti funebri di cittadini-fedeli in servizio presso le forze armate. Per tutte si vedano l’art. 8, comma 4, della Legge di approvazione dell’Intesa con le Comunità ebraiche italiane: “[…] In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico” e ancora nello stesso senso l’art. 4 comma 3, della Legge di approvazione dell’Intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale: “[…] In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi”.

Il secondo profilo mira a riconoscere l’autonomia confessionale in ambito funebre, nelle norme pattizie che contemplano l’osservanza di sistemi specifici di sepolture religiose e di trattamento delle salme e di spazi cimiteriali adeguati a esse, nel rispetto delle prescrizioni religiose. Uno degli esempi è l’art. 25 della Legge di approvazione dell’Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: «[…] Le sepolture nei cimiteri della “Chiesa” e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità dei riti e della tradizione della “Chiesa” medesima». A tal fine, le concessioni di spazi cimiteriali secondo la normativa del Regolamento italiano di Polizia mortuaria, «sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. L’inumazione nei reparti della “Chiesa” ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia. Nei cimiteri della “Chiesa” è assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della “Chiesa”».

Si vedano anche l’Intesa ebraica e quella stipulata con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che contengono disposizioni sulla previsione nei piani regolatori cimiteriali, su richiesta della “comunità competente per territorio” (ebrei) e della “Chiesa” (mormoni), di reparti speciali per la sepoltura dei defunti appartenenti a queste confessioni religiose.

Dal momento che in Italia le concessioni di spazi cimiteriali sono sempre a tempo determinato e non possono esistere sepolture perpetue, lo strumento giuridico amministrativo con il quale si garantisce una specie di perpetuità delle sepolture è quello della concessione alla comunità religiosa di riferimento di un’area cimiteriale per una durata di novantanove anni rinnovabili (art. 92 DPR 285/1990).

Analogamente, nelle recenti Intese con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista italiana e con l’Istituto Buddhista italiano Soka Gakkai, è contemplata la possibilità di prevedere “aree riservate ai sensi della normativa vigente”.

Il legislatore italiano, peraltro, già all’art. 100 del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria (DPR n. 285 del 1990) aveva previsto che “I piani regolatori cimiteriali […] possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. […]”.

In tal modo, anche le comunità di fedeli appartenenti a confessioni religiose che non hanno una Intesa con lo Stato possono richiedere al legislatore regionale, in sede di emanazione della legge sulla polizia mortuaria, ma soprattutto alle amministrazioni locali, in sede di redazione e approvazione del piano regolatore cimiteriale e/o del regolamento comunale di polizia mortuaria, di tenere conto dell’interesse religiosamente qualificato di comunità religiose diverse dalla cattolica di avere spazi cimiteriali riservati.

 

Cimiteri e pluralismo religioso. Interessi religiosi e fonti “decentrate”

Le fonti degli enti locali assumono grande importanza e rendono bene l’idea delle criticità e delle positività esistenti nell’effettiva attuazione del diritto di libertà religiosa sul territorio.

Il Regolamento nazionale di polizia mortuaria individua nei Comuni i principali soggetti istituzionali che possono provvedere alla creazione dei reparti speciali cimiteriali, tanto che questa appare la modalità ordinaria con la quale, attraverso i loro regolamenti, i Comuni gestiscono le istanze religiose attinenti alle sepolture di defunti appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica.

Dal canto suo, la normativa regionale, infatti, con l’intento, non sempre riuscito, di armonizzare le disposizioni comunali, si limita a contenere delle stringate prescrizioni che fanno riferimento alla possibilità per i Comuni di prevedere aree per sepolture private da dare in concessione a persone o enti anche morali. Solo in alcuni casi nelle fonti regionali possono ravvisarsi statuizioni che più esplicitamente prendono in considerazione le sepolture confessionali. È il caso della legge regionale delle Marche del 2005 n. 3, che all’art. 9 stabilisce che “la Regione d’intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il Regolamento regionale […] b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;”.

A livello locale, infatti, la previsione esplicita di reparti speciali da destinarsi alle sepolture religiose è abbastanza frequentemente prevista sia in fonti di carattere unilaterale, come i piani regolatori comunali e i regolamenti comunali, sia in fonti di carattere bilaterale, come Convenzioni, Protocolli di intesa, accordi, tra le amministrazioni cittadine e le comunità religiose presenti sul territorio.

Nella prima tipologia di interventi, di carattere unilaterale, possono annoverarsi tutte quelle norme che ripropongono il contenuto dell’art. 100 del DPR 285 del 1990.

Si va dunque da un profilo per così dire minimal, senza alcuna specificazione delle tipologie di sepolture religiose, come avviene ad esempio nel Comune di Padova, il cui Regolamento dei servizi cimiteriali del 2011 e successive modifiche si limita a prevedere che “Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti di inumazione e ossari destinati ad accogliere le spoglie mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie. Tali reparti sono: […] il reparto religiosi; il reparto riservato a culti diversi da quello cattolico. […]”, e aggiunge che “L’ammissione al reparto e all’ossario religiosi è autorizzata dalla Curia Vescovile” (art. 16), ad un approccio più dettagliato, che enuclea le tipologie di sepolture religiose ammesse nei reparti speciali, dettando talvolta anche le regole per esse, che in alcuni casi introducono meccanismi di rinvio a norme confessionali attraverso il riferimento all’art. 8 Cost., fino ad una impostazione decisamente più dettagliata.

In queste ultime ipotesi, i regolamenti comunali prevedono sia la possibilità generica di istituzione di reparti speciali religiosi nei cimiteri del territorio sia le regole specifiche per quelli già esistenti.

Si pensi, ad esempio al Regolamento comunale di Polizia mortuaria di Modena del 2002, il quale, oltre a far riferimento alla generica possibilità di predisposizione dei reparti speciali, individua anche espressamente le tipologie di sepolture religiose. Infatti, all’art. 7 (Reparti speciali nei cimiteri), fa seguire due norme specifiche, una, l’art. 8, per le Sepolture nel cimitero musulmano, e l’altra, l’art. 9, per quelle nel cimitero israelitico. Tale testo, peraltro, dettaglia ulteriormente la disciplina delle concessioni a comunità religiose di reparti speciali, richiamando la possibilità, sancita dalla Circolare ministeriale sanità 10/98, dell’inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone, mantenendo però fermo l’obbligo dell’utilizzo della cassa di legno o di zinco e legno, per il trasporto funebre.

Un’ulteriore e più particolare modalità di approccio è rappresentata da quelle disposizioni comunali che rinviano ad apposite convenzioni sia l’individuazione dei titolari “confessionali” delle concessioni dei reparti speciali sia i contenuti della loro disciplina. È la scelta effettuata dal Comune di Milano del 2015, che nel suo Regolamento di polizia mortuaria prevede semplicemente che “Nel rispetto del piano cimiteriale, previa stipulazione di convenzione con l’Amministrazione comunale, possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di: […] appartenenti a comunità etniche e religiose diverse; […] (art. 11) e che “I cimiteri consentono, di norma, le seguenti tipologie di sepoltura: […] inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse, di cui al precedente articolo, per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni; […] (art. 13)”.

Esistono dunque una serie di fonti locali di carattere bilaterale/concordato, come Convenzioni, Accordi, Protocolli di Intesa, che definiscono sia modalità, contenuti e limiti della concessione di aree nei cimiteri comunali per le sepolture private religiose sia i soggetti confessionali interlocutori degli enti locali.

Tali provvedimenti contengono norme che spaziano dai criteri di individuazione dei campi destinati alle sepolture confessionali, alle statuizioni relative alla durata delle convenzioni, al titolo oneroso o gratuito delle stesse, al richiamo delle regole civilistiche in materia di concessione, alle regole più strettamente gestionali che riguardano anche l’articolazione di competenze tra autorità civili e religiose nelle attività di diverso genere che insistono sul reparto speciale, come quelle che riguardano gli interventi cimiteriali, la manutenzione dei campi inumativi, la costruzione di  manufatti, l’apposizione di cippi, lapidi ecc.

Al di là dei contenuti, parzialmente variabili in ciascun atto bilaterale, l’aspetto interessante è rappresentato dai meccanismi di preliminare individuazione degli interlocutori confessionali con i quali l’ente locale si determina ad addivenire all’accordo e conseguentemente le regole di accesso delle sepolture su base confessionale. Occorre osservare infatti che in molti casi i rapporti di collaborazione con le comunità religiose di minoranza presenti sul territorio sono stati instaurati con confessioni prive di Intesa di vertice ex art. 8 comma 3 Cost. con lo Stato italiano, semplicemente in ragione del criterio esistenziale dell’insistenza in un determinato territorio di una comunità di fedeli, con un soggetto individuato quale rappresentante del soddisfacimento dei bisogni religiosi degli appartenenti alla comunità religiosa locale.

 

Luci e ombre dell’attuazione pratica della libertà religiosa in materia cimiteriale

L’approccio pragmatico che guida, con intenti sicuramente meritori, l’azione della pubblica amministrazione nella selezione degli interlocutori confessionali sul territorio, non va esente da aspetti di criticità sui criteri – fissati nei provvedimenti unilaterali o bilaterali dei Comuni – che definiscono gli accessi alle sepolture nei reparti religiosi e il diritto individuale a goderne sulla base di una più o meno accertata appartenenza alla comunità. 

Da alcuni Regolamenti comunali, infatti, sembra emergere una specie di automaticità secondo la quale, in assenza di indicazione contraria da parte del defunto o dei suoi eredi, spetterebbe al Sindaco, in sede di rilascio del permesso di seppellimento, accertare l’appartenenza religiosa del defunto e destinarlo nel cimitero comune o nel reparto speciale eventualmente esistente, senza che sussista alcun obbligo di comunicazione di tale decisione agli eredi o alla comunità confessionale di riferimento.

Di diverso tenore sono quelle disposizioni regolamentari o convenzionali che contemplano il coinvolgimento della “comunità religiosa competente” nelle procedure di destinazione delle salme nei reparti speciali. In alcuni casi, infatti, si prevede esplicitamente che “la sepoltura non è consentita senza il parere della Comunità competente” o senza “autorizzazione formale dei rispettivi ministri di culto” oppure che è comunque necessario la “richiesta scritta” della comunità confessionale firmataria della convenzione. In altri, come nel Regolamento comunale di Torino, si dispone che “L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato alla Città o al soggetto gestore in caso di variazione”.

Norme di tal genere facilitano la concreta gestione delle sepolture in questione, ma implicano anche criticità interpretative e attuative che hanno dato luogo a controversie intraconfessionali sfociate anche in ambito giudiziario.

Tra le positività è sicuramente da annoverarsi la metodologia partecipativa con la quale spesso sono gestiti i reparti speciali dei cimiteri, che riconosce in capo alla Comunità (religiosa) competente uno spazio di autonomia nella scelta del luogo della sepoltura, nonché nella regolamentazione delle modalità di accesso alla stessa. Tali strumenti sono potenzialmente in grado di avviare procedure di “consultazione”, che sfociano in atti di varia natura (richiesta, parere, consenso, attestazione di appartenenza o autorizzazione), che contribuiscono a mantenere attivo e costante il canale di comunicazione tra la comunità religiosa interessata e il Comune e ad instaurare un rapporto tra ente locale e comunità religiosa.

Esistono tuttavia alcune criticità che riguardano ad esempio la discrezionalità con la quale le amministrazioni comunali possono decidere o meno se concedere nei propri cimiteri reparti speciali alle comunità religiose del territorio, aspetto questo che si traduce in una potenziale lesione del diritto individuale di libertà religiosa e in un’attuazione dello stesso “a macchia di leopardo”.

Un altro aspetto problematico riguarda l’individuazione ad opera della pubblica amministrazione della comunità religiosa “effettivamente” competente e della selezione del soggetto che all’interno di tale comunità possa essere riconosciuto titolare della scelta e delle verifiche in materia di ammissione delle salme nei reparti speciali, soprattutto nei casi di frammentarietà di alcune comunità confessionali.

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