Libertad de religión y seguridad sostenible en las estrategias de lucha contra el terrorismo de inspiración religiosa en Italia

Cuestiones de pluralismo, Volumen 1, Número 2 (2. Semestre 2021)
26 de Agosto de 2021

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Por Daniela Milani

Una seguridad sostenible no es posible sin el pleno respeto de los derechos humanos.

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LAS COORDENADAS DE LA “ESTRATEGIA ITALIANA”

¿Cómo conjugar libertad y seguridad frente a la amenaza del terrorismo de inspiración religiosa? ¿Hasta qué punto la prevención y la lucha contra la radicalización violenta de matriz yihadista puede legítimamente impedir o limitar el libre ejercicio del culto? ¿Y más concretamente del culto que los terroristas instrumentalizan con fines políticos?

Occidente se hace esas preguntas desde hace ya veinte años. Desde que, con los ojos puestos en las Torres Gemelas, ha conocido los efectos devastadores de esta forma de terrorismo.

Ante la alarma que genera el terrorismo de inspiración religiosa, la relación entre el ejercicio de los derechos de algunos y la seguridad de todos se vuelve compleja. Tan delicada y compleja que llevó a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) a publicar una guía para recordar a los Estados miembros que la adopción de las medidas de seguridad debe, no obstante, realizarse en cumplimiento de los derechos humanos y de la libertad de credo.

Ni siquiera la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha mitigado las preocupaciones generadas por la propaganda yihadista que, a juicio de los analistas, podría incluso beneficiarse de la importancia que ha adquirido Internet en la vida de cada uno de nosotros durante el aislamiento físico impuesto por razones sanitarias.

Puede verse también en el informe anual de Europol (Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea 2021) que, invitando a mantener alto el interés por la amenaza que representa el terrorismo yihadista, sigue llamando la atención sobre las cárceles y la red, que siempre han sido sospechosas de ser las principales vías de transmisión de la propaganda yihadista.

Los cambios registrados en los últimos años por los ataques yihadistas, tanto desde el punto de vista de los autores como de las estrategias, no han disuadido a gobiernos y a fuerzas policiales de la oportunidad de prestar atención a estos espacios. Y así, mientras que en un momento los temores planteados por el mundo islámico se concentraron en gran parte en las llamadas mezquitas de la periferia, después del 11 de septiembre las sospechas se han trasladado a las cárceles y a la red. Dos espacios – el primero físico, el segundo virtual – que, más allá de las diferencias objetivamente existentes, estarían realmente unidos por la propensión a favorecer mecanismos de adhesión a la causa yihadista. Espacios donde la combinación de información libremente asumida, interpretada y rearticulada de manera absolutamente personal, ofrece a quienes obviamente aspiran a convertirse en héroes la convicción de que pueden hacerlo perpetrando ataques terroristas.

Aunque Italia aún no ha sido víctima de estos atentados, la necesidad de prestar atención a las cárceles y a la red ha sido planteada por la Comisión de Estudio sobre el fenómeno de la radicalización y el extremismo yihadista que, coordinada por Lorenzo Vidino, se estableció en la Presidencia del Consejo de Ministros en septiembre de 2016.  Si bien señala que en Italia el fenómeno de la radicalización violenta de inspiración religiosa no es comparable en tamaño e intensidad a lo que se registra en otros países del centro y norte de Europa, esta Comisión ha apoyado con firmeza la necesidad de monitorear cuidadosamente los riesgos derivados de estos dos espacios.

Por otra parte, la invitación a mantener alta la atención sobre las cárceles y la red se añade a las medidas de derecho penal y administrativo que contribuyen, en su conjunto, a delinear la “estrategia italiana” para combatir el terrorismo de carácter religioso.

Desde 2001 hasta hoy, el derecho penal italiano ha sido objeto de una serie de reformas que, inspiradas en las directrices dictadas a nivel internacional y europeo, han renovado, modificado e integrado las disposiciones más generales ya vigentes en la materia. Se trata de disposiciones que, además de haber afectado la definición original de terrorismo (art. 270-sexies del código penal), han sancionado diversas conductas: la asociación con fines terroristas (art. 270-bis del código penal); la instigación y complicidad (art. 270-ter del código penal); el reclutamiento (art. 270-quater del código penal); la organización de viajes con fines terroristas (art. 270-quater.1 del código penal); el adiestramiento (art. 270-quinquies del código penal) y la financiación (art. 270-quinquies.1 del código penal).

Si bien estas normas comparten el objetivo de contrarrestar la amenaza del terrorismo de inspiración religiosa, han sido criticadas por aquellos que señalan el riesgo de una involución peligrosa de este aparato normativo hacia el derecho penal del enemigo. Es decir, un derecho penal que, por el ansia de contrarrestar la amenaza del terrorismo yihadista, anticipa el umbral de lo punible hasta el punto de incidir más en las conductas preparatorias que en las realmente ofensivas.

A esto se añade, por el lado del derecho administrativo, el insistente recurso a la expulsión administrativa que se practica de manera permanente contra los extranjeros radicalizados o en vías de radicalización, independientemente de que tengan o no permiso de residencia. De hecho, la medida de expulsión genérica, que ya estaba prevista en el Texto Único de Inmigración por razones de orden público o de seguridad del Estado (art. 13, párrafo 1, del Decreto legislativo 286/1998), se vio reformulada tras los atentados de Londres con la incorporación del nuevo supuesto de expulsión por motivos de prevención del terrorismo (art. 3 del Decreto legislativo 144/2005 y art. 4, párrafo 2 del Decreto legislativo 7/2015). Sin embargo, las condiciones materiales que subyacen a la emisión de la medida de expulsión, ordenada por el Ministerio del Interior (o por el Prefecto responsable del área, según lo delegado por el primero) son sumarias. No se requiere que la persona haya organizado una actividad terrorista ni que lo haya hecho de una forma específica. Se le confiere un amplio margen de discrecionalidad al Ministro del Interior o a sus representantes en el territorio. A ello se le suma la inmediata exigibilidad de la medida de expulsión dispuesta, que si bien admite el recurso a la justicia administrativa, no produce efectos suspensivos. 

INDICADORES DE LA RADICALIZACIÓN Y PRÁCTICAS DE CULTO: ANTINOMIAS / CONFLICTOS / INCOHERENCIAS

Pero la estrategia italiana de prevenir y combatir la radicalización violenta de inspiración religiosa contempla también, como decíamos, la vigilancia de los presos involucrados en tales procesos.

Para llevar a cabo un seguimiento de las situaciones de riesgo, la administración penitenciaria ha implantado un sistema de control que establece niveles de intensidad creciente en función de la extensión y el tipo de peligro observado.

Dicho sistema divide a los detenidos susceptibles de monitoreo en tres categorías:

  1. los terroristas: detenidos por delitos de terrorismo o extremismo de naturaleza político-religiosa;
  2. los líderes: en prisión por otros delitos (por ejemplo, delitos contra el patrimonio o relacionados con el tráfico de estupefacientes) que comparten una ideología extremista y son carismáticos para el resto de la población penitenciaria;
  3. los seguidores: detenidos por delitos similares a los cometidos por los líderes que, aunque todavía no pueden considerarse radicalizados, están fascinados e influenciados.

De todos estos detenidos, sólo los terroristas, (es decir, los detenidos por delitos de terrorismo, incluidos los internacionales) son enviados al circuito Alta Seguridad 2 (AS2), donde están estrictamente separados de los demás detenidos para evitar que realicen proselitismo o reclutamiento.

El control que se ejerce sobre todos los detenidos en observación prevé distintos niveles de intensidad aumentando según la capacidad de proselitismo y del grado de implicación mostrado en los procesos de radicalización. Con el fin de dotar a las cárceles de elementos de análisis útiles para identificar situaciones dignas de atención, el Departamento de Administración Penitenciaria adoptó los indicadores de radicalización desarrollados en 2009 por una Comisión internacional integrada por Austria, Francia y Alemania, con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Sin embargo, al observar estos criterios, se puede ver que la mayoría de ellos se refieren a comportamientos que, en realidad, están íntimamente conectados con las prácticas religiosas de los creyentes musulmanes. De hecho, pueden cobrar relevancia cuestiones como la intensificación de la oración, una actitud selectiva hacia los imanes considerados moderados, cambios en el aspecto externo, la decisión de decorar la celda con símbolos religiosos, o la intensificación del estudio de temas relacionados con el islam.

Paralelamente a la observación realizada sobre los indicadores de radicalización, la Unidad Central de Investigación (NIC, por sus siglas en italiano) también garantiza el registro de otros datos relevantes para el ejercicio de la práctica religiosa de los presos. Estos datos se refieren a los locales utilizados para el culto islámico, la oración realizada en la sala de detención, los presos que asumen el rol de imán, el número de conversiones registradas en el instituto, o el ingreso en prisión de imanes autorizados.

Si bien están motivados por razones de seguridad y están dirigidos a acciones de seguimiento, basados en la mera observación, los indicadores de radicalización y los datos que acabamos de considerar plantean diversos problemas de legitimidad y oportunidad.  

En el plano de la legitimidad, no podemos ignorar el riesgo de que la exigencia de prestar atención a las prácticas de culto termine interfiriendo negativamente en el disfrute de derechos expresamente garantizados a nivel nacional y supranacional. En términos de oportunidad, es evidente la complejidad de trazar con suficiente precisión la línea divisoria que separa la práctica legítima del culto de las posibles derivaciones yihadistas. Todo ello, sin dejar de lado las dificultades encontradas por quienes, encargados de la tarea de observar y monitorear este fenómeno, lo hacen con herramientas de análisis insuficientes, incluso desde el punto de vista antropológico, lingüístico y cultural.

Por otro lado, es igualmente probable que un recluso abrace la ideología yihadista sin manifestar comportamientos sospechosos o, viceversa, que la atención que la administración penitenciaria presta a las prácticas de culto de los reclusos termine con un sentimiento de victimización, desconfianza o molestia y active los mecanismos propios de adhesión a la propaganda yihadista que las estrategias de observación y seguimiento buscan evitar.

ENTRE DERECHOS, LÍMITES Y DIVERSIDAD

La observación y el seguimiento son, por tanto, estrategias que, si bien no violan directamente la libertad religiosa, pueden de hecho influir de manera significativa en su ejercicio. Y, en este sentido, pueden ser cuestionadas por perseguir más propósitos de seguridad que de protección en sentido propio. Si bien la seguridad sigue siendo un derecho a garantizar, al igual que el ejercicio de la libertad religiosa, debe garantizarse en términos de sostenibilidad, es decir, en el pleno respeto de cada derecho fundamental del individuo.

También es necesario despejar el riesgo, implícito en las estrategias aplicadas hasta ahora, de que las prácticas de culto terminen asumiendo un valor negativo. Sobre todo si se considera que precisamente el ejercicio del derecho de libertad de culto puede constituir un aliado válido como contranarrativa a la propaganda yihadista.

La presencia de locales adecuados para el ejercicio del culto, la asistencia de guías espirituales competentes y cualificados, la posibilidad de educarse correctamente en la propia fe, evitando interpretaciones engañosas, son sólo algunos ejemplos de cómo el ejercicio concreto del derecho de libertad religiosa puede contribuir a reducir esa sensación de marginación y exclusión, que a veces se encuentra en el origen de los procesos de radicalización.

En otras palabras, el sentimiento de inseguridad que ha penetrado con fuerza en nuestras sociedades no debe sacrificar en aras de la seguridad ni el ejercicio de los derechos fundamentales ni las diversas vías de integración que se han recorrido hasta ahora con esmero. La dignidad humana, la tolerancia, la democracia, la justicia y la libertad, incluidas la libertad de expresión y de culto, siguen siendo límites infranqueables. Como también lo recordó la declaración conjunta de los ministros del Interior de la Unión Europea del 13 de noviembre de 2020, a raíz de los atentados en Francia y Austria. Pero la declaración de los ministros del Interior de la Unión Europea fue mucho más allá, alentando, en materia de libertad de culto, la adopción de intervenciones encaminadas a proteger a las personas contra un uso instrumental de la religión y de interpretaciones de la misma que fomenten la violencia. Es decir, la lucha contra el extremismo violento de inspiración religiosa no debe conducir a la exclusión o estigmatización de determinados grupos religiosos; no está dirigida contra creencias políticas o religiosas, sino contra el extremismo fanático y violento.

Esta advertencia es particularmente importante hoy en día de cara al proyecto de ley francés confortant le respect des principes de la République que está pendiente de aprobación. El proceso de esta disposición surge, como bien es sabido, de la necesidad expresada por Emmanuel Macron ya en los primeros meses del 2020 de tomar iniciativas encaminadas a fortalecer el laicismo del Estado, consolidar los principios republicanos y combatir el separatismo islámico.

El contraste con el separatismo islámico que el proyecto de ley francés dice que quiere implementar corre, sin embargo, el riesgo, si no se piensa y maneja adecuadamente, de endurecer aún más ese separatismo que pretende erradicar, ignorando el verdadero nudo de la cuestión; esto es, el tema actual del pluralismo religioso europeo y el lugar que ocupa el Islam dentro de él. De hecho, la solución de esta cuestión, aplazada consciente o inconscientemente durante demasiado tiempo, corre el riesgo de alimentar el círculo vicioso de los estereotipos, avivando con más fuerza el fuego de los fundamentalistas. Para alejarnos de este peligro debemos aprender a leer las relaciones que existen entre este fenómeno y la transformación en un sentido multicultural y plurirreligioso de las sociedades en las que vivimos.

Pero no solo. La promoción de intervenciones adecuadas en esta dirección también debe abordar el tema de la diversidad. El descubrimiento o redescubrimiento de la religión que muchos reclusos viven al entrar en la cárcel en un intento de dar sentido y dignidad a su existencia está compuesto, especialmente en el caso de los extranjeros, no sólo de elementos religiosos, sino también sociológicos, antropológicos y culturales. Combinar la dimensión jurídica del derecho de libertad de culto con la dimensión multiforme de la diversidad es un desafío que no debe mirar la diversidad como un límite, sino como un valor a garantizar dentro del horizonte indispensable del valor/principio de igualdad y dignidad humana.

Cómo citar este artículo

Milani, Daniela, "Libertad de religión y seguridad sostenible en las estrategias de lucha contra el terrorismo de inspiración religiosa en Italia", Cuestiones de Pluralismo, Vol. 1, nº2 (segundo semestre de 2021), en línea: https://www.observatorioreligion.es/revista/articulo/libertad_de_religion_y_seguridad_sostenible_en_las_estrategias_de_lucha_contra_el_terrorismo_de_inspiracion_religiosa_en_italia/index.html

Para profundizar

LIBERTÀ DI RELIGIONE E SICUREZZA SOSTENIBILE NELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL TERRORISMO DI ISPIRAZIONE RELIGIOSA IN ITALIA

Una sicurezza sostenibile non è possibile senza il pieno rispetto dei diritti umani.

Le coordinate della “strategia italiana”

Come coniugare libertà e sicurezza di fronte alla minaccia del terrorismo di ispirazione religiosa? Fino a che punto la prevenzione e il contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice jihadista può legittimamente impedire o limitare il libero esercizio del culto? E, più in particolare, di quel culto che i terroristi strumentalizzano a scopi politici?

Con questi interrogativi l’Occidente si interroga ormai da vent’anni. Da quando, con gli occhi rivolti alle Twin Towers, ha conosciuto gli effetti devastanti di questa forma di terrorismo.

Di fronte all’allarme generato dal terrorismo di ispirazione religiosa il rapporto tra l’esercizio dei diritti di alcuni e la sicurezza di tutti diventa infatti complesso. Tanto delicato e complesso da indurre l’Ufficio dell’OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) a pubblicare una guida per ricordare agli Stati membri che l’adozione delle misure di sicurezza deve comunque avvenire nel rispetto dei diritti umani e della libertà di credo.

Nemmeno la pandemia provocata dal SARS-CoV-2 ha mitigato le preoccupazioni generate dalla propaganda jihadista che, nell’opinione degli analisti, potrebbe addirittura trarre giovamento dall’importanza che internet ha assunto nella vita di ciascuno di noi durante l’isolamento fisico imposto per motivi sanitari.

Come si evince anche dall’annuale rapporto di Europol (European Union Terrorism Situation and Trend report 2021), che, invitando a mantenere alto l’interesse per la minaccia rappresentata  dal terrorismo di matrice jihadista, continua a richiamare l’attenzione su carceri e web, da sempre indiziati di costituire i principali veicoli di trasmissione della propaganda jihadista.

I cambiamenti registrati in questi anni dagli attacchi jihadisti sia sul versante degli attori, sia su quello delle strategie non hanno infatti dissuaso i governi e le forze di polizia dall’opportunità di attenzionare tali luoghi. E così mentre un tempo i timori sollevati dal mondo islamico si concentravano per la gran parte sulle cosiddette moschee di periferia, dopo l’11 settembre i sospetti sono transitati su carceri e web. Due luoghi - il primo fisico, il secondo virtuale - che, al di là delle differenze obiettivamente esistenti sarebbero in realtà accomunati dalla propensione a favorire meccanismi di adesione alla causa jihadista. Luoghi in cui il combinarsi di informazioni liberamente assunte, interpretate e ri-articolate in modo assolutamente personale, offre a chi evidentemente ambisce a diventare un eroe la convinzione di poterlo fare perpetrando attacchi terroristici.

Sebbene l’Italia non sia stata ancora vittima di tali attacchi, l’esigenza di attenzionare carceri e web è stata sollevata dalla Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista che, coordinata da Lorenzo Vidino, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel settembre del 2016. Pur escludendo che in Italia il fenomeno della radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa sia paragonabile per dimensioni e intensità a quanto si registra in altri Paesi del centro e del nord Europa, tale Commissione ha infatti sostenuto con fermezza l’esigenza di monitorare attentamente i rischi provenienti da questi due luoghi.

L’invito a mantenere alta l’attenzione su carceri e web si affianca peraltro alle misure di diritto penale e di diritto amministrativo che concorrono, nel loro insieme, a delineare la “strategia italiana” di contrasto al terrorismo di matrice religiosa.

Dal 2001 ad oggi il diritto penale italiano è stato infatti oggetto di una serie di riforme che, ispirandosi alle linee guida dettate a livello internazionale ed europeo, hanno rinnovato, modificato e integrato le disposizioni di carattere più generale già vigenti in materia. Si tratta di previsioni che, oltre ad aver inciso sull’originaria definizione di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), hanno via sanzionato diverse condotte: l’associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.); il favoreggiamento (art. 270-ter c.p.); l’arruolamento (art. 270-quater c.p.); l’organizzazione di viaggi a scopo di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.); l’addestramento (art. 270-quinquies c.p.) e il finanziamento (art. 270-quinquies.1 c.p.).

Nel pur condivisibile intento di contrastare la minaccia del terrorismo di ispirazione religiosa, tali norme sono state tuttavia criticate da chi ha segnalato il rischio di una pericolosa involuzione di questo apparato normativo in direzione del diritto penale del nemico. Vale a dire, di un diritto penale che per l’ansia di contrastare la minaccia del terrorismo jihadista anticipa la soglia della punibilità sino al punto da incidere più sulle condotte preparatorie che non su quelle realmente offensive.

A ciò si aggiunga, sul versante del diritto amministrativo, l’ingente ricorso all’istituto dell’espulsione amministrativa che viene stabilmente praticato nei confronti degli stranieri radicalizzati o in via di radicalizzazione, indipendentemente dalla circostanza che questi possiedano o meno il permesso di soggiorno. Alla misura dell’espulsione generica, che era già prevista nel Testo Unico sull’Immigrazione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998), si è infatti aggiunta dopo gli attentati di Londra l’ulteriore fattispecie dell’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. n. 144/2005 e art. 4, comma 2 d.l. n. 7/2015). I presupposti materiali sottesi all’emanazione del provvedimento di espulsione, che viene disposto dal Ministro dell’Interno (o dal Prefetto competente per territorio, su delega del primo) sono però sommari. Non si richiede né che il soggetto abbia effettivamente agevolato un’attività terroristica, né che lo abbia fatto in forma specifica. Ne consegue l’attribuzione di un ampio margine di discrezionalità al Ministro dell’Interno, o ai suoi rappresentanti sul territorio. A ciò si aggiunga il carattere immediatamente esecutivo del provvedimento di espulsione disposto, che pur ammettendo ricorso alla giustizia amministrativa, non produce effetti sospensivi.

Indicatori della radicalizzazione e pratiche di culto: antinomie/conflitti/incoerenze

Ma la strategia italiana di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa contempla, si diceva, anche l’osservazione dei detenuti coinvolti in tali processi.

Al fine di realizzare un puntuale monitoraggio delle situazioni di rischio l’amministrazione penitenziaria ha introdotto un sistema di controllo che prevede livelli di intensità crescente a seconda dell’entità e della tipologia del pericolo paventato.

Questo sistema suddivide i detenuti da sottoporre a monitoraggio in tre categorie:

  1. i terroristi: detenuti per reati di terrorismo o estremismo di natura politico-religiosa;
  2. i leader: in carcere per altri illeciti (ad esempio, reati contro il patrimonio o legati al traffico di stupefacenti) che condividono un’ideologia estremista e risultano carismatici per il resto della popolazione detenuta;
  3. i follower: detenuti per reati analoghi a quelli commessi dai leader che, seppure non possano considerarsi ancora radicalizzati, ne subiscono però il fascino e l’influenza.

Di tutti questi detenuti, solamente i terroristi (vale a dire i detenuti ristretti per reati di terrorismo, anche internazionale) sono assegnati al circuito Alta Sicurezza 2 (AS2), dove vengono rigorosamente separati dagli altri ristretti per impedire loro qualsiasi attività di proselitismo o di reclutamento.

Il controllo esercitato su tutti i detenuti sottoposti ad osservazione prevede diversi livelli di intensità che crescono a seconda dell’attitudine a fare proseliti e del grado di coinvolgimento manifestato all’interno dei processi di radicalizzazione.

Allo scopo di fornire agli istituti penitenziari elementi di analisi utili a identificare le situazioni meritevoli di attenzione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha recepito gli indicatori della radicalizzazione  che sono stati elaborati nel 2009 da una Commissione internazionale formata da Austria, Francia e Germania, con il supporto finanziario dell'Unione Europea.

Scorrendo tali criteri si nota però come la gran parte di essi si riferiscano a condotte che sono in realtà intimamente connesse con la pratica religiosa dei fedeli musulmani. Possono infatti assumere rilevanza l’intensificarsi della preghiera; un atteggiamento selettivo nei confronti di imam ritenuti moderati; i cambiamenti nell'aspetto esteriore; la decisione di decorare la cella con simboli religiosi; o l'intensificarsi dello studio di argomenti connessi all'islamismo.

Parallelamente all'osservazione condotta sugli indicatori della radicalizzazione il Nucleo Investigativo Centrale (NIC) assicura poi anche il censimento di altri dati rilevanti per l’esercizio della pratica religiosa dei detenuti. Tali dati riguardano i locali adibiti al culto islamico, la preghiera svolta nella camera detentiva, i detenuti che assumono la funzione di imam, il numero di conversioni che si registrano nell’istituto, l’ingresso in carcere di imam autorizzati.

Nonostante siano motivati da ragioni di sicurezza e siano finalizzati ad azioni di monitoraggio, fondate sulla mera osservazione, gli indicatori della radicalizzazione e i dati appena considerati sollevano diversi problemi di legittimità e di opportunità.

Sul piano della legittimità, non si può tacere il rischio che l’esigenza di attenzionare le pratiche di culto dei detenuti finisca per interferire negativamente con il godimento di diritti espressamente garantiti a livello nazionale e sovranazionale. Sul piano dell’opportunità, è evidente quanto complesso sia tracciare con sufficiente precisione la linea di demarcazione che separa la legittima pratica del culto da possibili derive jihadiste. Senza trascurare le difficoltà incontrate da quanti, investiti del compito di osservare e monitorare questo fenomeno, si avvalgono in realtà di strumenti di analisi insufficienti, già soltanto sul piano antropologico, linguistico e culturale.

È, d’altra parte, altrettanto verosimile che un detenuto abbracci l’ideologia jihadista senza manifestare comportamenti sospetti o, viceversa, che l’attenzione rivolta dall’amministrazione penitenziaria alle pratiche di culto dei detenuti finisca per senso di vittimismo, diffidenza o fastidio con l’innescare proprio quei meccanismi di adesione alla propaganda jihadista che le strategie di osservazione e monitoraggio vorrebbero in realtà scongiurare.

Tra diritti, limiti e diversità

Osservazione e monitoraggio sono dunque strategie che, pur non violando direttamente la libertà religiosa dei detenuti, di fatto, possono influenzarne significativamente l’esercizio. E, in quanto tali, prestano il fianco all’obiezione di perseguire più intenti securitari che non di sicurezza in senso proprio. Se la sicurezza rimane infatti un diritto da garantire, al pari dell’esercizio della libertà religiosa, tuttavia il diritto alla sicurezza deve essere assicurato in termini di sostenibilità, vale a dire, nel pieno rispetto di ogni diritto fondamentale dell'individuo.

Occorre inoltre sgombrare il campo dal rischio, implicito nelle strategie sin qui implementate, che le pratiche di culto finiscano per assumere una valenza negativa. Soprattutto, se si ritiene che proprio l’esercizio del diritto di libertà religiosa possa costituire un valido alleato nella contronarrazione alla propaganda jihadista.

La presenza di adeguati locali per l’esercizio del culto; l’assistenza di guide spirituali competenti e qualificate; la possibilità di istruirsi correttamente nella propria fede, evitando interpretazioni fuorvianti, sono solo alcuni esempi di come il concreto esercizio del diritto di libertà religiosa possa contribuire a ridurre quel senso di emarginazione ed esclusione, che talvolta si trova all’origine dei processi di radicalizzazione.

Il sentimento di insicurezza che è entrato prepotentemente nelle nostre società non deve, in altre parole, sacrificare sull’altare della sicurezza né l’esercizio dei diritti fondamentali, né i diversi percorsi di integrazione che sono stati sin qui faticosamente intrapresi. Dignità umana, tolleranza, democrazia, giustizia e libertà, comprese la libertà di parola e di culto, rimangono infatti limiti invalicabili. Come è stato ricordato anche in occasione della dichiarazione comune dei ministri degli Affari interni dell’Unione europea che è stata rilasciata il 13 novembre 2020, all’indomani degli attentati che hanno colpito Francia e Austria. Ma la dichiarazione dei Ministri degli Affari interni dell’Unione europea è andata ben oltre, auspicando, sul versante della libertà di culto, l’adozione di interventi volti a proteggere le persone da un uso strumentale della religione e da interpretazioni della stessa che fomentano la violenza. Detto altrimenti, la lotta all’estremismo violento di ispirazione religiosa non deve condurre a escludere o a stigmatizzare determinati gruppi religiosi; non è diretta contro credi politici o religiosi, ma contro l’estremismo fanatico e violento.

Questa avvertenza si rivela particolarmente importante oggi di fronte al progetto di legge francese confortant le respect des principes de la République che è in corso di approvazione. L’iter di tale provvedimento nasce, come noto, dall’esigenza espressa da Emmanuel Macron già nei primi mesi del 2020 di assumere iniziative volte a rinforzare la laicità dello Stato, a consolidare i principi repubblicani e a combattere il separatismo islamico.

Il contrasto al separatismo islamico che la proposta di legge francese dice di voler attuare rischia però, se non opportunamente meditato e gestito, di irrigidire ancor di più quel separatismo che si prefigge di cancellare, ignorando il vero nodo della questione; ovverossia il tema, ormai risalente, del pluralismo religioso europeo e del posto che l’Islam vi riveste al suo interno. La soluzione di tale questione consapevolmente o inconsapevolmente rimandata per troppo tempo rischia infatti di alimentare il circolo vizioso degli stereotipi, soffiando sempre più forte sul fuoco dei fondamentalisti. Per allontanare tale pericolo bisogna imparare a leggere i rapporti che sussistono tra questo fenomeno e la trasformazione in senso multiculturale e plurireligioso delle società in cui viviamo.

Ma non solo. La promozione di adeguati interventi in questa direzione deve confrontarsi anche con il tema della diversità. La scoperta o la riscoperta della religione che molti detenuti fanno con l’ingresso in carcere nel tentativo di restituire senso e dignità alla propria esistenza si compone, soprattutto per gli stranieri, di elementi non solo religiosi, ma anche sociologici, antropologici e culturali. Comporre la dimensione giuridica del diritto di libertà religiosa con quella multiforme della diversità è una sfida che non deve guardare alla diversità come a un limite, ma come a un valore da garantire nell’irrinunciabile orizzonte del valore/principio dell’uguaglianza e della dignità umana.

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