No hace tanto que el protestantismo español celebrara el transcurso de los quinientos años desde el inicio del movimiento de Reforma del cristianismo occidental, fijado por consenso en la fecha en que Martín Lutero divulgó sus 95 tesis desde la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. El movimiento lo hizo en consonancia con otras tantas iniciativas internacionales en torno a 2017, pero a diferencia de aquellas, los significados desplegados en la conmemoración española se encontraron directamente relacionados con un aspecto inexcusable de dicho proyecto reformador en el país: su carácter fallido (Moreno et al. 2012). La Reforma en España, como describiré a continuación, conduce a un resultado particular, que es la progresiva implantación del protestantismo a lo largo del territorio —no sin esfuerzo— y un arraigo en el campo religioso español —no exento de violenta oposición. Este sucinto recorrido histórico es útil para observar después las dinámicas políticas del protestantismo contemporáneo en el país, y en concreto, su relación con el modo en que el movimiento construye identidad y la hace visible durante las dos últimas décadas.
Ideas luteranas, anglicanas y —en menor medida— calvinistas, impactan en el siglo XVI en miembros de las élites económicas / intelectuales urbanas españolas. Uno de aquellos pioneros es Juan de Valdés, que desde la década de 1520 se interesa, como otros estudiantes de la Universidad Complutense, por el estudio de la Biblia y el cambio de las costumbres clericales. En 1525 se publica un edicto contra los seguidores de la Reforma, y poco después, Juan de Valdés se exilia a Italia tras ser declarado hereje. Felipe II inaugura su reinado con autos de fe en Sevilla (1559) y Valladolid (1560), dirigidos contra las redes protestantes locales. La represión de las ideas reformadas prosigue en el siglo XVII, lo que impide que las clases populares participen de ellas, pero también hace que los planteamientos protestantes sean algo progresivamente testimonial. Si algo caracteriza esta época de la “primera Reforma”, como es conocida desde los estudios históricos, es la absoluta clandestinidad de sus protagonistas.
Tras un siglo en blanco, el XIX acoge una “segunda Reforma”. Las creencias protestantes impactan ahora también con éxito en las clases populares, y en un escenario dominante menos urbano que rural. Con el inicio del reinado de Isabel II se celebran cultos protestantes en España, pero la participación se reserva al personal de las delegaciones extranjeras. Los españoles tienen prohibida la asistencia. No es, por tanto, desde esta actividad cultual como se difunden las teologías reformadas, sino desde la labor de misioneros, partícipes del ambiente internacional de avivamiento. Aunque el tribunal del Santo Oficio reprime el protestantismo desde 1814, cuando Fernando VII lo restablece, en los últimos años de este reinado misioneros foráneos recorren el país. Su actividad se redobla a la muerte del monarca e inicio del periodo isabelino, como documenta Vilar (1994). Entre 1828 y 1863 Robert Chapman, miembro de las asambleas de hermanos, predica durante cuatro viajes a España. También fieles de los hermanos son William Gould y George Lawrence, que predican desde 1863 en País Vasco, Madrid y el levante peninsular. La labor de Charles Faithful, Henry Paine y Albert Fenn, entre otros, también suma a que las asambleas de hermanos sean la denominación con mayor número de fieles en la España isabelina. Esta denominación no es la única activa. A instancia de la British Foreign Bible Society, el cuáquero inglés George Borrow cruza en 1836 desde Elvas a Badajoz, y en Madrid, vende, hasta que clausuren su librería, su propia traducción al español del Nuevo Testamento. En esta época, la Spanish Evangelization Society, de origen británico, difunde literatura confesional anglicana; y predicadores franceses cruzan los Pirineos para pastorear, principalmente, en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Los presbiterianos escoceses influyen la España meridional desde Gibraltar, algo determinante para la futura Iglesia Española Reformada. Así, la actividad de predicadores españoles, sumada a la de sus predecesores extranjeros, fructificará en las primeras iglesias tras la revolución de 1868. En ese año, Juan Bautista Cabrera abandona su exilio en el Peñón, y en Sevilla promoverá la fundación de tres capillas reformadas. Posteriormente, desde Madrid, pastoreará la Iglesia Evangélica del Redentor, y en todo ese tiempo no habrá dejado de buscar la unificación de las comunidades protestantes del país (López Lozano, 1991). Prominente figura del evangelismo español es Manuel Matamoros, quien a mediados de siglo organiza clandestinamente grupos de creyentes con inspiración en cuadros militares, con objeto de evitar la desarticulación. Su detención y proceso promueve una ola de solidaridad internacional, vehiculada por las alianzas evangélicas. Liberado en 1863, Matamoros se exilia, pero los intercambios suscitados por su proceso sientan ya las bases de una imparable Alianza Evangélica Española.
Ciertamente, la revolución de 1868 supone un giro para la situación del protestantismo. La nueva Constitución de 1869 reconoce, entre los derechos de los españoles, el de la emisión libre de toda idea u opinión (Art. 17), y también el de ejercitar el culto religioso no católico, privado y público (Art. 21). El fin de la persecución protestante se acompaña de la publicidad de las congregaciones y otras nuevas fundaciones. Como detallan López García et al. (2007) respecto a Madrid, en 1869 la Iglesia Española Reformada Episcopal abre al público su templo de la plazuela de Santa Catalina, y la Iglesia Evangélica Española lo hace con el suyo en la plazuela del Limón. La primera iglesia bautista de la ciudad, ubicada en la calle de Lavapiés, se abre en 1870. Pero la libertad de culto público concluye pronto, con el fin del Sexenio Democrático. La restauración monárquica mantiene, no obstante, la garantía del culto no católico en el ámbito privado. Desde 1875, y a lo largo del primer tercio del siglo siguiente, no dejan de inaugurarse templos en todo el país. El caso madrileño es, de nuevo, una muestra de ello: la Iglesia Evangélica Española lo hace en la calle Calatrava; las asambleas de hermanos, en la plaza de Olavide; la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la calle Beneficencia; y la primera iglesia pentecostal de la ciudad se inaugura en la calle Tortosa.
Los protestantes españoles reciben con esperanza la Segunda República. La Constitución de 1931 seculariza el Estado (Arts. 3, 14, 26), elimina la discriminación de las personas jurídicas por identidad religiosa (Art. 25), garantiza la libertad de conciencia y práctica religiosa, privada y pública (Art. 27) y la libre difusión de opiniones (Art. 34). Mas de nuevo, la libertad religiosa se ve sometida a un movimiento pendular. El 2 de febrero de 1939, poco antes de que finalice la guerra civil, el bando golpista —que legisla de facto sobre el territorio bajo su control— deroga la ley republicana de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, con la que se habían desarrollado derechos y deberes sobre convicciones, prácticas y confesiones religiosas ya apuntados en la Constitución de 1931. Con esta nueva ley de artículo único se restituye y blinda el estatus de la Iglesia católica, y se niega, en lenguaje “empiricista”, que exista otra religión en el país. Como es sabido, en la dictadura franquista se va a asistir a la alianza entre la Iglesia católica y el Estado en la fórmula del nacionalcatolicismo, programa ideológico y moral que, en su praxis, se orientará a contribuir en la construcción de subjetividades afines al régimen político-social. Desde tal perspectiva, las creencias no católicas, por definición, van a ser ajenas a lo normativo, excéntricas al proyecto etnicista del franquismo. No obstante, y hasta que en la dictadura se inicie un verdadero periodo de tolerancia, como señala Vilar (2001), la represión de los protestantes se combinará con su instrumentalización para las relaciones geopolíticas, en una actitud ambivalente, cambiante e impredecible. Que el día en que se declara el final de la guerra, el Estado Mayor del primer Cuerpo del Ejército autorice al presidente de la Alianza Evangélica Española la reapertura privada de lugares de culto protestantes en Madrid, puede leerse como una estrategia comunicativa del régimen sobre las delegaciones extranjeras. Ante este hecho, a lo largo de las semanas, los templos se reabren en Madrid; pero también en Sevilla, Valencia y Barcelona, ciudades donde operan los consulados. Y allí donde no llegue la influencia de las legaciones foráneas, a lo largo de los meses, se darán casos de multas y detención de creyentes, clausura y expropiación de templos y colegios por las autoridades.
En el marco legislativo, un cambio se da en 1945 con el Artículo Sexto del Fuero de los Españoles, que permite la libertad del culto acatólico privado. En un clima de incredulidad, algunas congregaciones dan el paso para abandonar la clandestinidad: notifican a las autoridades la reapertura de sus templos, y el silencio administrativo se interpreta como una gélida confirmación gubernamental. Las membresías se incrementan y se fundan congregaciones, lo que no implica que la diferencia religiosa sea aceptada en la convivencia cotidiana. En los mejores casos, se trata de dificultades para arrendar locales; en los peores, se trata de acoso, confiscación de biblias, clausura de templos e incluso de su ataque con violencia. Ante esta prolongada situación, la Alianza Evangélica Española promueve en 1956 la Comisión de Defensa Evangélica, órgano que busca la mediación con el Estado español y que, como aconteciera con el caso Matamoros, difunde internacionalmente la represión religiosa. La labor de la Comisión da frutos. Las Administraciones estadounidenses se sienten concernidas por la situación de los protestantes españoles, algo que incomoda al Gobierno franquista, que busca su apertura al exterior. Cuando en 1965 la Santa Sede recomiende reconocer la libertad religiosa en su Declaración Dignitatis Humanae, el Estado español modificará su postura hacia el acatolicismo. La tolerancia real de la diferencia se proyecta en el país con la Ley de Libertad Religiosa de 1967, y superando sus reticencias, las iglesias protestantes se harán visibles, paulatinamente, con su inscripción en el Registro de Confesiones establecido por la ley.
En el periodo democrático, la tolerancia legislativa es reemplazada por la voluntad de convivencia en un marco garantista del derecho de libertad religiosa con la Ley orgánica de 1980. La Alianza Evangélica Española impulsa la constitución de una federación que represente a las iglesias protestantes inscritas en el nuevo Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Desde 1986, FEREDE negocia con el Estado español un Acuerdo de Cooperación confesional, tal como posibilita la ley de 1980, y el Acuerdo es firmado en 1992. Este supone un logro inestimable en materia de derechos religiosos para los protestantes en España que, a excepción de musulmanes y judíos, otras confesiones no disfrutan. Nuevos avances se dan posteriormente, de manera regional, con el modelo de convenios marco entre consejos autonómicos evangélicos y sus respectivas comunidades autónomas.
No hay duda de que la defensa de la libertad religiosa protagonizada por los protestantes en España ha tenido un impacto que los desborda, al contribuir en su obtención, y del que se beneficia el conjunto de las minorías religiosas del país. Alcanzada la garantía de su ejercicio para la ciudadanía, impulsado el reconocimiento confesional del protestantismo con la declaración de su Notorio Arraigo (1984), y logrados distintos derechos religiosos tal como dispone su Acuerdo de Cooperación con el Estado, el protestantismo español entra en una nueva etapa. De la defensa de la libertad religiosa, se mueve al énfasis en la búsqueda de legitimidad de su identidad religiosa, en un país donde se encuentra presente desde hace siglos. Este giro en la acción colectiva puede ayudar a explicar el modo en que el movimiento protestante está presente en el espacio público en las últimas dos décadas, con eventos varios, donde pueden contarse, por ejemplo, las celebraciones anuales y periódicas desde 2007 de España, oramos por ti (inspiradas en las Marches for Jesus, populares en el ámbito internacional evangélico desde la década de 1990), y otras extraordinarias, como los FestiMadrid de 2005 y 2019. También la conmemoración de la Reforma, de 2017, auspiciada por FEREDE. La iniciativa de visibilización religiosa en el espacio público plantea una salida a conflictos que se mantienen, a pesar de los derechos religiosos alcanzados (como, por citar algunos, los que suscitan las ocasionales dificultades administrativas, más o menos insalvables, para establecer centros de culto), y que los protestantes españoles achacan a una memoria social de la sospecha, ya secular, con que se los caracteriza. Esa sospecha, como se ha narrado más arriba, se asienta en siglos de oposición, negación y persecución; es la que caracterizó al protestante como “hereje”, y más contemporáneamente, como “sectario”. Esa sospecha, de seguir activa, produce una experiencia cotidiana de rechazo. Pero a día de hoy, nada queda de los proyectos políticos históricos que la hubieron construido y sostenido.
Frente a esto, el protestantismo español propone una identidad religiosa que puede incluirse en la más abarcadora identidad nacional. Es así que las denominaciones protestantes en España, diversas en matices teológicos, en formas de gobierno, en praxis religiosas, se representan unidas en el espacio público, ante la sociedad secular, desde los principios que comparten. La conmemoración de la Reforma en el espacio público madrileño durante el verano de 2017 es una buena muestra de ello: apelando a la unidad desde los principios reformadores que son compartidos por las denominaciones, y legitimando su fe mediante la difusión de las transformaciones sociales que la Reforma promoviera, aún indirectamente, y que resultan valuables en el ámbito secular. Los protestantes españoles se muestran como parte de un país bajo un símbolo común, una bandera constitucional; en la que reconocen su identidad religiosa como una de sus partes constitutivas. Esto incluye a quienes, con orígenes nacionales diversos, han hecho del Estado español un lugar en el que continuar con sus proyectos vitales, no importa por cuánto tiempo. Desde esta articulación, que afirma que tal identidad religiosa ha de encontrar su espacio en una concepción ensanchada de ciudadanía, el protestantismo contemporáneo busca por fin ocupar una cotidianeidad normalizada. Este proyecto visibilizador no obvia, por último, el impulso de transformación del cristianismo dominante; iniciativa aún presente en la memoria del fracaso de las Reformas históricas españolas, y que como bien recoge el lema de la conmemoración de 2017, en una de sus acepciones, invita a que los protestantes españoles no olviden que “la Reforma continúa”.
